Más democracia también en el Poder Judicial

Parece que la justicia es noticia cuando surge un Garzón o, recientemente, un Dívar. Como si hasta ahora no hubiera habido suficientes datos que nos hagan pensar que también, en la justicia, se necesita una profunda reforma democrática.

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados, dice el artículo 117 de la Constitución.

Los y las jueces y magistrados son profesionales que actúan con independencia y sometidos únicamente a la Ley y al Derecho. Parece sarcástico ¿verdad? Pero así debería funcionar el sistema judicial y así funcionan un gran número de profesionales. Ahora bien, ¿Quién controla a esos profesionales? Su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Este órgano no ejerce funciones jurisdiccionales (no dicta el derecho, no falla sentencias, no conoce de procedimientos judiciales) sino que se dedica al “gobierno” de jueces y magistrados, es decir, tiene una función política. Si es política su función ¿por qué su elección se realiza en base a cuotas de partidos? Bueno de todos los partidos, no. Normalmente de los dos mayoritarios, PP y PSOE. La existencia de esas cuotas la reconoce el propio ministro Gallardón (ver el enlace al principio de este post)

¿Cuál es la solución para evitar esas cuotas? Parecería, desde el punto de vista democrático, que la respuesta debiera ser su elección directa por el titular de la soberanía, el pueblo, del que  emanan todos los poderes del Estado, incluyendo el judicial. Pues, no. Según el Ministro quien debe tener más peso en el momento de elegir dicho órgano político son los propios jueces y magistrados. Decía Ruiz Gallardón en una entrevista en la radio (no he podido encontrar el audio) que a nadie se le ocurriría pensar que  a los rectores de las Universidades los eligiera el gobierno o mediante cuota de partidos y así justificaba, mediante esta analogía la importancia que sean los propios miembros del cuerpo judicial los que elijan su órgano de gobierno.

Se olvida de un pequeño detalle el señor Ruiz Gallardón, y es que el Poder Judicial es un poder del Estado y la Universidad no. Haciendo una proyección de esa idea podríamos proponer que los ministros y consejeros de los gobiernos fueran elegidos por los funcionarios que los han de soportar, o si eso parece muy descabellado que los cargos políticos: Directores Generales, Secretarios Generales, Asesores, etc. fueran elegidos por el funcionariado de cada departamento. Parece absurdo, ¿no? Este modelo corporativo, basado en que sólo los pertenecientes a determinado cuerpo pueden elegir a sus órganos de gobierno podría tener lógica en los Colegios Profesionales, en las asociaciones en los sindicatos y partidos, pero nunca en los órganos que gobiernan los poderes públicos del Estado y mucho menos el judicial. Aunque a esas “corporaciones” también les hace falta una buena dosis de inyecciones democráticas pero de eso ya hablaremos otro día.

Ya hemos visto como ese “cuerpo” profesional cierra filas ante determinadas actuaciones: protección de Divar y enjuiciamiento de Garzón, por poner dos ejemplos. ¿De ese “cuerpo” nos hemos de fiar”? Pues no tengo yo el cuerpo para eso.

Va siendo hora de exigir la elección democrática de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y que, como todos los representantes del pueblo,  rindan cuentas al pueblo que les ha elegido. Y que abran sus puertas, sean transparentes, permitan el acceso a la información que generan, expliquen lo que han conseguido y además de deleitarnos con esos rituales litúrgicos que nos retrotraen a la Edad Media, hagan el favor de dedicarse a la tarea necesaria en cualquier sociedad democrática de garantizar la justicia y su acceso universal a todos los ciudadanos.

La pretendida despolitización de un órgano político es un oxímoron, una contradicción en sus propios términos. Lo que se está planteando es que la política la hagan otros, los profesionales, pero no que no haya política. Y, vuelvo a insistir, si hay que hacer política si hay que tomar decisiones políticas que quienes tengan ese poder sean elegidos por el pueblo.

La participación ciudadana se refiere a todos los asuntos públicos y no cabe duda que la justicia es uno de los más importantes. Una sociedad injusta es una sociedad frágil. En la justicia se puede intervenir, voluntariamente, ejerciendo la acción popular cuando se conozca una infracción que merezca reprobación penal o de manera no voluntaria, formando parte del Tribunal del Jurado cuando, por sorteo, sea llamado a incorporarse a él.

Falta desarrollar una parte importante de ese derecho a la participación, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el seguimiento y control de sus actuaciones.

Menos corporativismo y más democracia.

Anuncios
Galería | Esta entrada fue publicada en Calidad democrática, Participación ciudadana. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s